otcidaercer
6 ene 2016, 18:04

#9 @30cmdedolor (3/3) Tampoco significa q no pueda haber una capilla en una universidad u hospital público, si se pide. ¿Con q legitimidad podría prohibirlo el Estado? Estaría coartando el derecho a la libertad religiosa y de culto. Si se atiende la demanda de una sala en una universidad para hacer tertulias literarias, por ejemplo, ¿por qué no de una capilla? Si hay gente para la que es importante, es obligación del Estado garantizarlo. Y quien entra al asalto de una capilla en la que hay personas pacíficamente reunidas haciendo uso de ese derecho y del de reunión (art21), coarta esos derechos, y por tanto comete un delito. ¿Quién es el Estado para evitar que una madre tenga un sitio en un hospital para rezar por un hijo enfermo, si eso para ella es un hilillo de esperanza?

otcidaercer
6 ene 2016, 18:03

#9 @30cmdedolor (2/3) SIgo: El hecho de que España sea un Estado aconfesional (por cierto, ni siquiera se dice eso literalmente, que de tanto repetirlo, parece que así sea, sino que ninguna confesión tendrá carácter estatal) no significa que haya que borrar todo rastro religioso de la vida pública (y que conste que ni soy creyente ni voy a misa, simplemente respeto la libertad de todos), sino que el Estado no puede legislar ni adoptar decisiones políticas ni judiciales en base a preceptos religiosos. El artículo 53 vincula a los poderes públicos en la protección de los derechos fundamentales, es decir, que no sólo no pueden prohibirlo, sino que tienen el deber de protegerlo. Y lógicamente sólo pueden cumplir ese deber a través de medios públicos.

otcidaercer
6 ene 2016, 18:03

#9 @30cmdedolor (1/3) Pero qué dices animal? Para decir "no lo digo yo, lo dice la Constitución", primero hay que leerla, y no cacarear lo que has oído por ahí. Te copio y pego literalmente el art 16:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades SIN MÁS LIMITACIÓN, EN SUS MANIFESTACIONES, QUE LA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.